Educación Superior: ¿Bien Público?

Diether W. Beuermann
Ph.D. (c) in Economics, University of Maryland at College Park – USA
Consultant, Inter-American Development Bank / World Bank – Washington DC

Por definición un bien público puro debe tener dos características: ser no rival y no excluible. Un bien no rival se refiere a aquel bien del cual todos podemos disfrutar al mismo tiempo sin restricción física alguna. Por ejemplo, el aire es un bien que todas las personas en el mundo disfrutamos sin tener restricciones de índole física. Un bien no excluible se refiere a que nadie puede ser prohibido de disfrutar dicho bien por algún mecanismo diferente al impedimento físico. Por ejemplo, el conocimiento sobre cómo fabricar una nueva medicina podría ser aprovechado por cualquiera para producirla y venderla. Es decir, este conocimiento vendría a ser un bien no rival. Sin embargo, sólo la empresa farmacéutica que tiene los derechos de patente está permitida de producir la medicina hasta que la patente expire. En este sentido, este conocimiento es excluible por medio del mecanismo de patente. Así tenemos un bien no rival pero excluible y, por lo tanto, no constituye un bien público.

Con el entendimiento de lo que significa un bien público pregunto: podría catalogarse la educación superior como un bien público?. Claramente la respuesta es un no rotundo. En primera instancia, la capacidad de las universidades “públicas” no es suficiente para educar a todos de manera indistinta. El número de profesores, aulas, mobiliario, etc; no da abasto para que todos podamos acceder y disfrutar del bien. Es decir, no podemos hablar de un bien no rival debido a que hay impedimentos físicos que determinan que no todos podamos disfrutarlo. Asimismo, todas las universidades tienen un examen de ingreso que, de acuerdo a su resultado, excluyen a las personas que no lo aprueban. En ese sentido, tampoco se puede hablar de un bien no excluible. Como consecuencia, las universidades “públicas” no constituyen un bien público bajo ningún aspecto. Obviamente, esto ocurre en todo el mundo dado que se hace costo-beneficio ineficiente tener realmente una educación superior pública en el correcto sentido de la palabra. Pero el problema es que ciertos aspectos en el diseño de nuestro sistema de educación superior no van acorde con lo que significa ofrecer un servicio no público financiado con fondos provenientes de los impuestos que todos (los formales) pagamos.

En primera instancia, el sistema por el cual se excluye a las personas de la educación superior es totalmente ineficiente. Hablo de los exámenes de ingreso universitarios. En el Perú, cada universidad tiene un examen de ingreso distinto, con un día específico de rendimiento por universidad, y con el requerimiento de estar presente en el centro de evaluación para poder rendirlo. Es decir, resulta materialmente imposible para el estudiante que acaba la escuela y quiere seguir estudios superiores poder diversificar sus riesgos de ingreso eficientemente. Esto porque la persona que quiere aplicar a distintas universidades tiene el costo de tener que estudiar para distintos exámenes, rendirlos en días distintos y en diferentes ubicaciones físicas, tener que viajar al centro de rendimiento si aplica a una universidad fuera de su área geográfica y pagar derecho de examen en cada universidad. Es decir, solamente es factible aplicar a una o pocas universidades, lo cual no ofrece una buena diversificación. Una política para aliviar este problema es adoptar los sistemas estandarizados de ingreso. Dicho sistema esta implementado en diversos países y así se rinde un único examen que es valido para aplicar a cuantas universidades se desee. Esto traería una gran ganancia en eficiencia y un gran beneficio de diversificación a los postulantes.

Otro aspecto tiene que ver con la “gratuidad” de la universidad “publica”. Ya hemos visto que la universidad “pública” no existe. Asimismo la “gratuidad” es un concepto falso debido a que todo tiene un costo y al decir “gratuidad” se refiere a que esos costos se pagan con la caja fiscal. Al otorgar una educación superior “gratuita”, lo que se logra es tener universidades con profesores mal pagados, sin investigación y con mobiliario antiguo. En este sentido, sabiendo que la educación superior de buena calidad eleva, en promedio, la expectativa futura de salarios entre 35% y 45% (Duflo. Quarterly Journal of Economics, 2004). Al ofrecer una educación “gratis” de baja calidad, lo único que se hace es imponer un costo de aproximadamente ganar 45% menos en comparación con la persona que recibió una buena educación. Para ofrecer una buena educación se necesitan recursos que nuestra caja fiscal no tiene. Es así como esos recursos deberían tomarse de una expectativa futura de mayores salarios que serían consecuencia de una buena educación. Una política hacia esto seria la de cobrar por la educación superior “pública” un precio que cubra los costos de impartir una buena educación. Consecuentemente, se podría dar la opción de pagar mientras uno estudia o de empezar a pagar cuando la persona termine su educación y empiece a recibir los retornos de la misma. Esta última opción se podría implementar en forma de bonos sujetos a cobranza coactiva directa de planilla cuando el graduado empiece a trabajar. Con esta fórmula nos aseguramos que se pague por la educación, se eleve el nivel de la misma y nadie sea excluido por impedimento económico en la etapa de estudiante.